La ruptura del pacto democrático: a un año de la condena a Cristina

Hay dolores que la política no puede explicar, porque pertenecen estrictamente al territorio de lo humano. Hace pocos días se cumplió un año que un sector del Poder Judicial de nuestro país decidió firmar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. Quienes tenemos la enorme responsabilidad y el orgullo de conocerla de cerca, de caminar a su lado, de compartir charlas profundas y jornadas de trabajo al máximo de productividad, sabemos perfectamente que detrás de la figura de la dos veces Presidenta, una vez Vicepresidenta de la Nación, y actual Presidenta del Partido Justicialista, hay una mujer, una madre, una abuela. Un ser humano de una templanza infinita, pero de carne y hueso

Y para mí, en lo personal, más allá de que ella sea mi referencia política, en ella encuentro una amiga. Siempre estuvo y está cuando mi corazón duele. Recuerdo el año pasado, allá por agosto, mi padre cayó gravemente enfermo y fue necesaria su internación intempestiva en terapia intensiva en Santa Rosa. Por esos días, ella ya se encontraba injustamente detenida y yo tenía planeado ir a visitarla. Ya tenía la autorización judicial correspondiente, todo estaba listo para compartir un mate, en mi caso, y un mate cocido o té de manzanilla, en el suyo. Ante esta situación, llamé a uno de sus colaboradores y le conté el momento que estaba atravesando y que no iba a viajar a Buenos Aires, por lo tanto avisaba con tiempo para que alguien más pueda utilizar mi audiencia. Pasaron pocos minutos de esa llamada y mi teléfono sonó con Ella del otro lado, solo diciéndome: “Luchita, quédate tranquila, todo va a estar bien”. En esa llamada le comenté que solo podíamos visitar a mí papá una hora al día, de 12 a 13 hs. Así funciona la terapia intensiva. 

Papá estuvo 11 días internado en terapia intensiva, y desde el momento en que Cristina se enteró de la situación que estábamos atravesando como familia, no hubo un solo día que mi teléfono no sonara a las 13:30 hs como un reloj suizo, con su voz detrás para saber cómo estaba la cosa, hasta que mi padre comenzó a recuperarse. La llamada era corta, pero tan, pero tan reconfortante que al escribir estas líneas, no puedo no tener mis ojos inundados por las lágrimas.

Desde afuera, atrapados en el ruido de los canales de televisión o en la frialdad de los portales de noticias, es acaso imposible dimensionar el costo personal que el “partido judicial” le está cobrando por haber osado defender los intereses de los más vulnerables. Sin embargo, ella nos abraza con su humanidad, amor y empatía más profunda.

El ensañamiento es absoluto porque el fin no es hacer justicia, sino quebrar su dignidad. Pero no la conocen: la dignidad de Cristina es inquebrantable.

Este aniversario no es solo una fecha en el calendario institucional; es el recordatorio de cómo una parte del sistema judicial se ha transformado en un instrumento de disciplinamiento político. El objetivo es claro: mandar un mensaje mafioso a cualquier dirigente que intente transformar la realidad. Y el costo se mide en el cuerpo y en la vida cotidiana de una persona. Las restricciones que impone la prisión domiciliaria no son meras formalidades legales; son rejas invisibles que buscan aislar a una abuela de sus nietos, a una madre de sus hijos, y proscribir de raíz la actividad de la principal dirigente política del país, impidiéndole hacer política y tomar contacto con los militantes, afectando la salud y la paz de alguien que da su vida entera por la Patria. El ensañamiento es absoluto porque el fin no es hacer justicia, sino quebrar su dignidad. Pero no la conocen: la dignidad de Cristina es inquebrantable.

Para entender la gravedad de lo que pasa, es necesario sacarse de encima el relato que construyeron los medios hegemónicos y mirar el fallo con ojos técnicos, porque la arbitrariedad es total. Desde el punto de vista del derecho, estamos ante una inexistencia absoluta del delito. Se la condenó bajo la figura de “administración fraudulenta”, un error técnico garrafal (bueno, quizás soy demasiado utópica y creo que en algún lugar donde el derecho sea ejercido plenamente, esto sería un error garrafal). Nuestra Constitución Nacional es taxativa: la administración general del país y la ejecución del presupuesto nacional son facultades exclusivas del Jefe de Gabinete de Ministros, no del Presidente de la Nación. No existe una sola acción directa, un decreto, un expediente o una firma de Cristina que configure una maniobra delictiva. Falta el dolo, falta la intención, falta la acción. Sin embargo, decidieron forzar la ley para encajar su nombre a como diera lugar.

Nos hablaron de “tres toneladas de pruebas”, un eslogan publicitario que repitieron hasta el cansancio (…) cuando llegó el juicio oral, (…) no lograron consolidar ni diez gramos de evidencia real.

La ausencia de pruebas concretas da vergüenza ajena. Durante meses previos a la condena, nos hablaron de “tres toneladas de pruebas”, un eslogan publicitario que repitieron hasta el cansancio en los sets de televisión. Pero cuando llegó el juicio oral, cuando las luces de las cámaras se apagaron y hubo que mostrar los papeles, no lograron consolidar ni diez gramos de evidencia real. El fallo no se sostiene en peritajes financieros objetivos ni en auditorías contables serias; se fundamenta en construcciones periodísticas y conjeturas políticas. Las 51 obras viales cuestionadas en Santa Cruz fueron legítimamente aprobadas por el Congreso Nacional a través de las leyes de presupuesto (que tuve el honor de acompañar en mi rol de Diputada Nacional por la provincia de La Pampa) y fueron ejecutadas bajo el control de las autoridades provinciales, sin que existiera una sola objeción técnica real durante su desarrollo. Condenaron un relato, no un delito.

La intencionalidad política y la sincronización con el calendario electoral expusieron los hilos de esta persecución, lo que técnicamente conocemos como lawfare. No es casualidad que cada hito de esta causa -la elevación a juicio, el inicio de los debates y la posterior condena- haya coincidido sistemáticamente con las campañas electorales. Utilizaron los tribunales como un búnker de campaña para desgastar al peronismo y generar un efecto distractor frente a las brutales crisis económicas que el gobierno desataba en el país. El verdadero fin de la inhabilitación perpetua no es la búsqueda de transparencia, sino la proscripción definitiva. Quieren apartar del escenario electoral a la principal líder de la oposición porque le temen al amor que el pueblo le tiene, un amor que no se puede proscribir con ninguna firma.

Para lograr este resultado, tuvieron que romper todas las garantías constitucionales. Cristina sufrió la falta de imparcialidad de una manera obscena. Se rechazaron sistemáticamente todas las recusaciones contra jueces y fiscales que compartían vínculos personales, partidos de fútbol en quintas privadas y almuerzos con referentes políticos de la oposición. Construyeron una justicia “a medida”. Durante el gobierno de Mauricio Macri, se modificaron de forma irregular las integraciones de tribunales clave en la Justicia Federal, la Cámara de Casación y la propia Corte Suprema con el único objetivo de garantizar este resultado condenatorio. Armaron la cancha, pusieron a sus propios árbitros y jugaron un partido donde la sentencia ya estaba escrita de antemano.

Todo lo que ha vivido la Argentina desde aquel día es desolador, reflejando un proceso de degradación institucional inédito donde se terminó de romper el pacto democrático fundado en 1983. Pero esta feroz persecución judicial no ocurre en el vacío; es la contracara exacta y el escudo político del brutal programa de esmerilamiento económico y social que el gobierno de Javier Milei le está imponiendo a nuestro pueblo. Mientras los tribunales dictan sentencias para mantener entretenida a la opinión pública, las familias argentinas sufren un ajuste planificado que pulverizó el poder adquisitivo, congeló las jubilaciones a niveles de miseria y retiró al Estado de la salud, la educación y la obra pública. El cierre masivo de pequeñas empresas y el encarecimiento diario de la comida y los servicios no son errores de gestión; son las consecuencias de un modelo que desregula para los poderosos y desprotege a las mayorías. Vinieron a desmantelar derechos, y para lograrlo necesitan, ante todo, proscribir a quienes demostraron que se podía gobernar con la gente adentro.

Vinieron a desmantelar derechos, y para lograrlo necesitan, ante todo, proscribir a quienes demostraron que se podía gobernar con la gente adentro.

Es justamente en ese marco de desamparo, donde este fallo sienta un precedente peligrosísimo para el futuro de la República. Validar jurídicamente semejante absurdo no representa una amenaza igualitaria para cualquiera; es una espada de Damocles dirigida exclusivamente a los futuros mandatarios que se atrevan a diseñar políticas macroeconómicas, presupuestos o planes de obras destinados a mejorar la vida de la gente. Perseguir penalmente a quienes representan los intereses populares pone en serio riesgo los consensos básicos de nuestra convivencia. La doctrina que hoy imponen deja las puertas abiertas para que se criminalice la soberanía política del Estado, siempre y cuando esa política beneficie a los de abajo. En definitiva, es la institucionalización de un veto judicial definitivo contra el bienestar de todo el pueblo argentino.

La historia ya la absolvió con el cariño de millones de argentinos, pero lejos de ser un recuerdo, su figura es la clave de nuestro presente y la garantía del futuro que vamos a construir.

La historia demuestra que los intentos de proscripción solo fortalecen el futuro del peronismo: así como Juan Domingo Perón regresó con más fuerza tras casi 18 años de exilio, hoy la vigencia del movimiento se proyecta con total vitalidad. A un año de este atropello judicial, quienes compartimos la militancia y la vida junto a Cristina reafirmamos que el amor y la lealtad de un pueblo no se borran con fallos judiciales de oficina. La historia ya la absolvió con el cariño de millones de argentinos, pero lejos de ser un recuerdo, su figura es la clave de nuestro presente y la garantía del futuro que vamos a construir. Seguiremos denunciando esta persecución judicial, pero sobre todo, seguiremos abrazando el lado humano de Cristina, cuidando y acompañando a la madre, a la abuela, a la amiga y compañera que lo da todo, absolutamente todo, por ver a su pueblo feliz.